Las consecuencias fiscales para los extranjeros atrapados en España por el covid-19

Autor:Redacción

El criterio de Hacienda choca con el de la OCDE que aconseja no computar los días de confinamiento.

La Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda, considera residente fiscal en España a un matrimonio procedente del Líbano que llegó a nuestro país en enero de este año para un viaje de tres meses y al que el confinamiento del covid-19 les ha pillado de lleno. Pese a que son residentes fiscales en el Líbano, Hacienda estima que son considerados contribuyentes del IRPF y otros tributos, si permanecen un total de 183 días en territorio español durante este año. Se trata de un criterio que choca con el de la OCDE y otros países avanzados.

La Ley del IRPF (art. 9) considera residentes en nuestro país a aquellos contribuyentes que, durante el ejercicio, permanezcan más de 183 días al año en nuestro país. Y el covid-19 es una trampa para aquellos extranjeros a los que les ha pillado el confinamiento en España porque podrían tener que pagar el IRPF aquí.

Las consecuencias fiscales de ser considerado residente en España son las siguientes, según resume José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico: debe pagar el IRPF por toda su renta mundial. Además, también debe declarar el Impuesto de Patrimonio en relación con los bienes que tenga en el extranjero, salvo que no llegue al mínimo exento o resida en una Comunidad como la de Madrid, que lo tiene bonificado al 100%.

Además, estos contribuyentes “residentes” se verían obligados a presentar el modelo 720 en relación con los bienes y derechos (inmuebles, depósitos, valores) que tengan en el extranjero, siempre que su valor (por cada grupo de bienes), supere los 50.000 euros. Las consecuencias son terribles para quienes no presentan este modelo, actualmente en la lupa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por último, “la condición de residente fiscal podría incluso suponer la obligación de tributar en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, por los bienes y derechos recibidos en cualquier país del mundo”, añade Salcedo.

Además, el criterio de tributos podría extenderse a la tributación entre comunidades autónomas. Es decir, podría considerarse al residente extranjero un contribuyente de la Comunidad Autónoma donde le haya pillado el covid-19, independientemente de dónde tenga su residencia habitual. Salcedo recuerda la polémica latente entre distintas Comunidades Autónomas, y las importantes diferencias de tributación (especialmente en el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones) que existen. No obstante, es difícil que esto ocurra teniendo en cuenta que las restricciones de movilidad entre Comunidades Autónomas han sido menos duraderas en el tiempo, que las restricciones a nivel de movilidad internacional.

El criterio de Hacienda choca de lleno con el de la OCDE, que con motivo del covid-19, señaló en una nota del 3 de abril de 2020 que las administraciones tributarias debían considerar un periodo de tiempo más razonable al evaluar el estado de residencia de una persona. Por ejemplo, Reino Unido, Australia o Irlanda han anunciado que no considerarán los días de confinamiento por el covid-19 a efectos de la determinación de la residencia.

Por ello, desde Ático Jurídico aconsejan oponerse a cualquier consideración de residencia fiscal en España y su consiguiente tributación, que se base en la permanencia en España computando los días de confinamiento por el estado de alarma.