¿Qué es y para qué nos sirve la ley del “mono”?

Ante el aumento demográfico que ha tenido Chile en los últimos 50 años, solucionar las necesidades habitacionales de la población se hacía cada día más difícil para el Estado, por lo que se fueron conformando poblaciones históricas en sectores urbanos y rurales.
 

En el período 1950-1970 años el Estado promovió formas alternativas de participación en los programas habitacionales, tales como: autoconstrucción con asistencia técnica, autogestión de la construcción y participación en el proyecto de los beneficiarios. Por lo mismo, actualmente no es raro encontrarse con familias que ante su crecimiento han tenido que proceder a construir sus propias viviendas o ampliarlas dentro de los límites que el terreno en que estas están emplazadas les permite.

El problema viene cuando al vender o arrendar estas casas, los m2 auténticos no guardan relación con los efectivamente construidos, ya que se han efectuado ampliaciones que no se encuentran debidamente autorizadas, por lo que no cuentan con la recepción de obras y por consiguientes con un plano actualizado que dé cuenta de los metros cuadrados realmente construidos, lo que reduce el valor en que estos inmuebles pueden ser vendidos y por otra parte tampoco permite que los dueños de estos accedan a beneficios estatales.

Aparte para la autoridad se producían otros problemas como los generados por el uso de materiales de construcción que no cumplen con normas de seguridad y que ponían en riesgo a los habitantes de estas viviendas y de sus vecinos, el mal uso de suelos no destinados a fines habitacionales, entre otros.

A causa de la problemática anterior es que se elaboró y se promulgó la ley N°20.898 del 2016, conocida popularmente como la ley del mono, esta tiene por finalidad regular a través de un procedimiento breve y simplificado la autoconstrucción, otorgando a las personas la posibilidad de obtener la recepción definitiva de las obras que hayan llevado a cabo en sus casas con anterioridad a la publicación de la ley, así como también obtener permisos de edificación para aquellos casos en que se llevaron a cabo construcciones sin tener el permiso correspondiente. Para esto los interesados deben presentar a la dirección de obras municipales una declaración simple en la cual señalen ser propietarios de la casa que ha sido ampliada, especificaciones técnicas resumidas, dos plano simples en escala 1:500 y 1:50 (de ahí que se le llame del mono), informe de un arquitecto o profesional competente que certifique que la construcción cumple con las normas de habitabilidad, seguridad, estabilidad e instalaciones interiores definidas en la Ley o las de la LGUC y por último certificado de avalúo fiscal de la vivienda otorgado por el Servicio de Impuestos Internos.

¿Para qué tipo de viviendas se pueden utilizar los beneficios otorgados por esta ley?
Esta ley fue pensada para solucionar el latente problema de las viviendas sociales como se ha dicho antes, pero no solo para viviendas, ya que también se publicó una ley del mono para regular la ampliación de las instalaciones de microempresas. En el caso que tratamos aquí, es decir, el de las viviendas, los requisitos que se deben cumplir para obtener la recepción o autorización de obra son los siguientes: Que la vivienda haya sido construida con anterioridad al 4 de febrero de 2016, que el inmueble no se encuentre en áreas de riesgo o protección o declaradas de utilidad pública o bienes nacionales de uso público (entiéndase calles, puentes, plazas públicas, etc.), tener una superficie no superior a 90 m2, tener un avalúo fiscal de hasta 1.000 UF (viviendas de hasta 140 m2 siempre que su avalúo fiscal no sea superior a 2.000 UF), no tener reclamaciones pendientes relacionadas con normas urbanísticas y cumplir con normas mínimas de habitabilidad, seguridad y estabilidad, es decir, todo lo relacionado con instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad y gas.

El plazo dado por la autoridad para realizar la regulación de ampliaciones y autoconstrucciones se extiende por 3 años contados desde la fecha de publicación de la ley, es decir, desde el 4 de febrero de 2016 hasta el 4 de febrero de 2019, el proceso comienza por la solicitud del interesado, quien debe presentar los documentos que se han señalado anteriormente ante la dirección de obras municipales de la comuna en que se encuentre ubicada la vivienda. La dirección de obras municipales tiene un plazo de 90 días para resolver la solicitud los cuales comienzan a contarse desde que se hayan presentado la totalidad de documentos necesarios por parte del solicitante. Finalmente, y una vez pagados los derechos correspondientes, la municipalidad otorgará a través de la dirección de obras un certificado de regularización.

 

Los costos de realizar los trámites de regularización naturalmente contemplaran todo lo que dice relación con los antecedentes, como por ejemplo el arquitecto o constructor civil que informe acerca del estado y calidad de la construcción, así como también la elaboración del plano y la declaración. También se deben tener en cuenta los derechos municipales que se deben pagar, los cuales se encuentran rebajados del precio normal en 75% en el caso de las viviendas cuyo avalúo fiscal no sea superior a 400 UF, en 50% cuando el avalúo es superior a 400 e igual o inferior a 1000 UF y por último solo en el caso de aquellos inmuebles cuyo avalúo supere las 1000 UF se deberán pagar el 100% de los derechos. Existe también un beneficio para los propietarios que tengan más de 65 años o si dentro del núcleo familiar existe algún residente inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad, en cuyo caso la exención de pago será de 100%.

Ya claros los beneficios que ha supuesto la ley del mono para gran parte de la población, a través de un procedimiento rápido y significativamente más económico que el procedimiento que se debía seguir antes, solo queda instar a los dueños de casa a regularizar sus ampliaciones y construcciones, dentro del plazo que aún queda para optar a los beneficios que se han expuesto.

Fuente: MisAbogados.com